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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 23/04/2024 09:52
En un extenso texto de 25 páginas, se detallan los motivos que impulsan una iniciativa sin precedentes. Los protagonistas: un grupo diverso de juristas, profesionales y activistas. Su objetivo: iniciar un proceso de juicio político contra el presidente de la Nación, Javier Milei. El expediente, registrado bajo el número 0031-P-2024, ingresó a través de la Cámara de Diputados. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la exembajadora Alicia Castro, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el exjuez Carlos Rozanski, y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, son algunos de los firmantes. El proyecto también cuenta con el respaldo de figuras como el ex-diputado nacional Claudio Lozano, el sociólogo Jorge Elbaum, la investigadora Dora Barrancos, y la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel. Además, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, y la referente del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, se suman a esta iniciativa. Los supuestos delitos que se mencionan en el escrito son variados y contundentes: Instigación a la población: Se acusa al presidente de incitar a la comisión de uno o más delitos específicos. Apología del delito: Se señala su posible respaldo a acciones criminales. Delitos financieros: Se plantea la afectación a la división de poderes y la incitación a cometer delitos financieros. Apología del crimen: Se cuestiona su postura frente a conductas delictivas. Este grupo de personas busca investigar y acusar al jefe de Estado en base a estas graves imputaciones. El proceso de juicio político se presenta como un desafío institucional y una oportunidad para la rendición de cuentas en la esfera pública. También suman el supuesto delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también “la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial”.
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