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» Diario Cordoba
Fecha: 23/04/2024 04:41
Los correos electrónicos incluidos en el sumario del caso que investiga el juez de Tarragona Rubén Rus Vela sobre las actividades de la consultora Equipo Económico, que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, evidencian las presuntas maniobras que desplegó la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los papeles de Bárcenas, según la documentación a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial. En concreto, el 12 de marzo de 2015 el jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, remite un 'email' al ministro con las alternativas que creían tener respecto a la posible implicación del PP en el caso: "Si se quiere dar contenido en la respuesta al juez, el plazo vence el domingo, (pero se podría solicitar una prórroga, y se contestaría la semana que viene); si se quiere plantear un conflicto de jurisdicción, el plazo vence el lunes”. Después, Martínez Rico avisa al ministro de que, “de momento, ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez (hay cuota de delito, por importe de 220.000), y lo que quiere responder la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ONIF (conflicto)”. Al final, Hacienda optó por considerar que el PP, como organización política, no había cometido ningún delito fiscal. Recreación del correo electrónico de 12 de marzo de 2015 enviado por Felipe Martínez Rico a Cristónal Montoro. / Nacho García Fue la entonces inspectora jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, y no los funcionarios designados en Auxilio Judicial que hasta ese momento venían realizando los informes, la que contestó al juez Ruz. La alto cargo había rechazado en un primer momento elaborar el trabajo que le había reclamado Ruz, que se vio obligado a reiterar su petición de que se cuantificara el valor del Impuesto de Sociedades y del IVA que debía abonar el Partido Popular. La sede del PP Este periódico ha podido consultar el correo electrónico de Martínez Rico, así como otros que se intercambiaron los miembros de la cúpula del Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos entre 2013 y 2018, y que ahora tiene en su poder el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. En ellos, el que fuera jefe de gabinete del ministro, Felipe Martínez Rico, el secretario general técnico, David Mellado, y el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, comunican a Montoro las opciones que tenía Hacienda para exonerar a la formación conservadora de cualquier delito fiscal en el caso de la caja 'b' del partido, que instruyó en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz. Este magistrado había descubierto que la formación liderada entonces por Mariano Rajoy había pagado en negro más de un millón de euros a la empresa de arquitectos Unifica para la reforma de la sede del partido en la madrileña calle de Génova. Y quería que los funcionarios de Hacienda determinaran si ese gasto podía tener implicaciones penales contra el PP como persona jurídica. En ese momento, la cúpula de Hacienda sabía que la investigación judicial había detectado “más de 1 millón de entradas al Partido y 1,6 millones de salidas o pagos desde el Partido”. Y estos altos cargos alertaron al “ministro” de que “el juez estaba valorando un primer escrito de Hacienda y que podría solicitar otra vez el cálculo de la cuota”. Como respuesta al magistrado, Martínez Rico relata a Montoro que podían "elevar un conflicto jurisdiccional a una sala especial. La Abogacía nos transmite que el fiscal [Antonio Romeral] cree que no hay delito, y que quiere seguir investigando [un] posible delito fiscal solo de Unifica, y que esta valoración coincide con la de la Agencia Tributaria (AEAT)”. Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. / EPE Estos mensajes de la cúpula de Hacienda se enviaron después de que Ruz hubiera dictado el 25 de febrero de 2015 una providencia en la que encargaba a los peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de Hacienda, que cuantificaran la deuda tributaria del PP “al objeto de determinar la eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al Partido Popular por el Impuesto sobre sociedades de 2008 (…)”, si no se consideraran exentos de tributación los pagos en ‘b’ que habían sido descubiertos con los papeles de Bárcenas. "De manera informal" En el mismo sentido, los emails consultados por esta redacción evidencian que el ministro Montoro tuvo en todo momento información del procedimiento. Así, el 9 de marzo de 2015 Felipe Martínez Rico le envía un mensaje con un archivo adjunto denominado "Documento Fiscalía", en el que explica a su jefe en el Ministerio que a Santiago Menéndez, entonces director de la Agencia Tributaria, le habían enviado, “de manera informal, el mismo documento que adjunta Julia [Mansilla]. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz”, alertó. Y por eso, la Agencia Tributaria comenzó a elaborar "un escrito de respuesta (inicio de conflicto jurisdiccional) al hipotético escrito del juez Ruz”. A Santiago [Menéndez] le habían enviado de manera informal el mismo documento que adjunta Julia [Mansilla]. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz Felipe Martínez Rico — Jefe de gabinete de Cristóbal Montoro La reacción del instructor llegó 24 horas después, el 10 de marzo. Ese mismo día los altos cargos del Ministerio informan a Montoro de que “ya había llegado el auto del juez”. En él Ruz calificaba de "infundado”, “erróneo” e “improcedente” el criterio de García-Valdecasas, al mismo tiempo que lamentaba que la negativa de la inspectora jefe de la ONIF a contabilizar el dinero que debía pagar el PP partía de “un deficiente entendimiento” de lo que era la labor de auxilio judicial. Recreación del correo electrónico enviado el 11 de marzo de 2015 por Felipe Martínez Rico a Cristóbal Montoro. / Nacho García Al día siguiente, el 11 de marzo, a las 9.33 de la mañana, el jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, reenvía a Montoro un email que previamente había recibido del secretario general técnico del Ministerio, David Mellado, en el que especifica las posibles respuestas que podían dar al magistrado: “Ministro, para tu información. Asunto: Alternativas Auto Juzgado Central de Instrucción número 5. Felipe, te paso alternativas que han revisado en el Departamento de Penal”. "No es delito" Y unas horas después, a las 16.37 horas, Martínez Rico alude en otro correo dirigido a Montoro las dos principales opciones que Hacienda podía plantear al instructor: "La AEAT parte de unos ingresos de 1 millón de euros [...]. Si se le aplicasen los gastos deducibles (900.000), la base imponible quedaría en 100.000. La cuota defraudada, una vez reducida en retenciones, queda en alrededor de 30.000. No es delito”. Si no se aplicaban estos gastos deducibles, prosigue el correo electrónico, “la aplicación directa del tipo del 25% a los ingresos de un millón de euros, resulta en 250.000, que sí es delito”, destacan los altos funcionarios, para después concluir: “Como no hay prueba de los gastos deducibles, la AEAT considera que es probable que el juez no los tenga en cuenta para calcular la cuota defraudada. En este escenario, el cálculo de la cuota defraudada daría resultado de delito”. El fiscal Antonio Romeral durante el juicio del caso Bárcenas. / EFE Estas maniobras de la cúpula de Hacienda se conocen gracias a la investigación que desarrollan el juez de Tarragona Rubén Rus Vela y la fiscal Carmen García Cerdá. Y los emails ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda especifica a Montoro qué pasos se podrían dar para enfrentarse al juez Ruz en su disputa con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda sobre la implicación del PP en el caso de los papeles de Bárcenas. En la causa que sigue el juez de Tarragona contra Equipo Económico está imputado Ricardo Martínez Rico, hermano de Felipe Martínez Rico, entonces jefe de gabinete de Montoro. Ricardo también tuvo cargos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda. Otro de los imputados en el caso es Salvador Ruiz Gallud, que dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. El 8 de abril 2015, Montoro recibe un mensaje en el que le dan cuenta de aspectos relevantes de la acusación contra el PP: “Me comenta David [Mellado], el fiscal del caso (Romeral) va a acusar de delito fiscal al Partido por la parte de Unifica pero no por las donaciones ilegales. Considera el fiscal que, sin meterse a valorar si las donaciones deberían estar exentas o no en el Impuesto sobre Sociedades, el delito fiscal no está concretado (el auxilio de la AEAT ha dejado abiertas opciones en su informe en las que no hay cuota superior a los 120.000 euros). Lo único concreto es el delito fiscal en el caso del estudio de arquitectos, y ahí es dónde va a centrar la acusación. Parece ser que el fiscal va a formular así la acusación. (Unifica y no donaciones ilegales). Y que lo pasará a ok de la AEAT. Si se confirma lo que te he expuesto: la acusación, desde nuestro punto de vista, está bien enfocada; facilita el papel de la AEAT (que no tiene que sugerir cómo formular la acusación, sino simplemente confirmar el criterio del fiscal. Le he pedido información adicional a David sobre esto y sobre el procedimiento de la Infanta), que tendrá disponible mañana, por si te convocan el viernes. Felipe”. "Serían asignados a Bárcenas" También advierte al ministro de que el fiscal considera que, "aún en el hipotético caso de que se acusase de delito fiscal a Unifica, no hay elementos de prueba suficientes para imputar al partido como colaborador necesario. En todo caso, si existiesen elementos suficientes para imputación de colaboración necesaria, serían asignados a Bárcenas". El extesorero del PP Luis Bárcenas. / EFE Desde la apertura de la pieza separada de los papeles de Bárcenas, el Partido Popular y la Agencia Tributaria defendieron que los partidos políticos estaban exentos de tributar por el Impuesto de Sociedades. Pero esta conclusión fue rechazada tanto por Ruz como por la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional. Los mensajes en poder del juez de Tarragona certifican también que la cúpula de Hacienda no se fía del instructor: "El informe de la AEAT que te envié ayer, el correspondiente al auxilio, que fijaba la cuota en 220.000 lo ha enviado el funcionario hoy por registro internamente a la ONIF. Santiago [Menéndez, director general de la AEAT] tiene miedo de posibles filtraciones [...] es posible que esta información haya podido llegar o llegue al juez", dice otro email de 13 de marzo de 2015. En el mismo sentido otro correo, este de 8 de enero de 2015, muestra este recelo respecto a la actuación de Pablo Ruz: "Ministro: El juez Ruz, a través del fiscal, ha pedido un tercer informe sobre la financiación del partido. Después de que la AEAT hiciese dos informes concluyentes, ahora el juez ha utilizado al fiscal para que sea el Inspector de Hacienda destinado en la Fiscalía quien haga un tercer informe sobre el tema: se había pedido hace un tiempo, y Santiago lo ha detectado hoy. El informe todavía no se ha emitido", dice el mensaje. Anticorrupción concluyó en su escrito de acusación que los extesoreros del PP Luis Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta “gestionaron” los fondos en metálico que habían sido aportados al PP “por donantes de quienes no podían recibir los mismos” de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos. Sin embargo, no atribuyó ningún delito a la formación conservadora, que solo podía ser responsable civil subsidiaria de los delitos atribuidos a Bárcenas. La ex fiscal general Consuelo Madrigal durante la primera toma de posesión de Alejandro Luzón como fiscal jefe de Anticorrupción. / EFE En la sentencia del caso, la Audiencia Nacional dio por probado que el PP pagó más de un millón de euros en 'b' para remodelar su sede en el centro de Madrid, al mismo tiempo que el extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas fue condenado a dos años de prisión por abonar estos fondos "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”. El fallo atribuyó finalmente a la formación conservadora la responsabilidad civil subsidiaria, por un importe de 123.669 euros, por los delitos cometidos por Bárcenas y otros exdirigentes en relación al impuesto de 2007 de sociedades de la empresa Unifica.
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