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Diamante » Diamantefm
Fecha: 20/04/2024 13:29
Entre los argumentos presentados contra la resolución que dispuso el procesamiento de Leonardo Airaldi como “posible organizador, proveedor y financiador de actividades relacionadas al tráfico de sustancias estupefacientes” señalaron que la misma “adolece de numerosos vicios que podrían puntualizarse en su arbitrariedad, no solo por falta de respaldo probatorio, sino por el casi nulo esfuerzo por tratar de explicar siquiera cómo se llega a tales conclusiones”. Argumentaron que en el objeto procesal “se señala como fecha inicial de las presuntas actividades ilícitas el 18 de junio de 2019, pero al comenzar a invocar la supuesta prueba de cargo la primera es una conversación de septiembre de 2022”, sosteniéndose que la presunta organización liderada por Airaldi se habría desarrollado durante 58 meses (hasta marzo de 2024), “pero en el procesamiento solo se invocan elementos durante los últimos 18 meses”, considerándose además que las mismas son “transcripciones en base a las cuales el personal policial esboza un sinnúmero de conjeturas obtenidas de intercepciones telefónicas a las que pretenden darle un contenido y significación infundado”. De este modo, con respecto al principio de inocencia y al in dubio pro reo señalaron que se evitar explicar de qué manera concluyen que Airaldi ha tenido el rol criminal que se le endilga. Tras realizarse más de 20 allanamientos, consideran que los resultados “no se condicen en lo más mínimo con lo esperable para una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico o a su financiamiento, a tal punto que si tenemos en cuenta los 276 gramos totales de material estupefaciente secuestrado en la suma de los procedimientos (De los cuales Leonardo y su pareja sólo poseían 56 gramos de marihuana, teniendo autorización de REPROCANN para 40 gramos!) y la cantidad de individuos abarcados por la presente investigación, esto es, 18 personas, el resultado “per cápita” de dichas medidas no llegan siquiera a ser calificados como dignos de ser captados por una pesquisa de narcomenudeo”. En relación al dinero secuestrado indicaron que a Airaldi y su pareja les incautaron en total “$914.210 y U$D 700 setecientos dólares estadounidenses” y ejemplificaron señalando que “el líder de una supuesta banda narco tenía en su poder un monto dos o tres veces menor que lo que percibe mensualmente como salario un funcionario público de la jerarquía de un Ministro. Esta suma adquiere aún mayor irrelevancia cuando se tiene en cuenta que hablamos de una persona de gran patrimonio, respecto al cual dicho monto resulta hartamente justificable, máxime teniendo en cuenta que su familia se ha dedicado por generaciones a la agricultura y la ganadería, siendo de las más acaudaladas de la zona”. Con respecto a sucesivas situaciones de consumo de sustancias (muchas veces problemático) que padecen prácticamente todos los procesados, en los argumentos contra el procesamiento se consideró asimismo que la historia clínica de Airaldi fue recientemente aportada y que “ha llegado incluso a estar internado en rehabilitación y obran numerosos registros médicos que dan cuenta de sus problemas de adicciones”, mientras que en relación a su pareja “ocurre algo similar o inclusive peor, lo cual se colige hasta de las propias escuchas telefónicas que se transcriben en el auto de procesamiento, donde se advierte la preocupación no sólo de Leonardo sino del resto de su entorno por momentos en los cuales tenía recaídas y se aislaba para consumir, presumiblemente cocaína y les resultaba a todos muy difícil ayudarla a salir de dicha situación”, estando incluso inscripta en el REPROCANN (Registro del programa Cannabis de la presidencia de la Nación). Indicaron también que en todo este contexto de consumo en los sindicados “hace que pierdan aún más entidad las escasas cantidades de estupefacientes secuestrados, a tal punto que resulta demostrativo no sólo de que nunca existió la banda que se pretende instalar y magnificar, sino que incluso habilita a concluir que nos encontramos frente a situaciones particulares de tenencia para fines de consumo entre los miembros de un grupo de personas que son amigos entre sí y que en algunos casos se conocen inclusive desde la infancia”; indicándose que “de las conversaciones interceptadas no existe siquiera una que permita interpretar que se está hablando de drogas en mediana o gran escala. Todas aquellas comunicaciones que puedan llegar a considerarse referentes a estupefacientes denotan de manera evidente que se trata o de dosis para consumo personal de alguno o algunos de los investigados, o que su tamaño es tan pequeño que tal como surge de muchas transcripciones, son susceptibles de: ser guardadas en riñoneras; que se caen entre los asientos de un auto y que cuesta encontrarlos; que se transportan en moto, o que se hable a lo sumo de “bochita” o “bochitas” y que al hacerse alusión a cuestiones económicas se invocan valores ínfimos, todo ello por aludir a algunas de las escuchas agregadas al expediente y que no han sido citadas en el auto de procesamiento”. Resaltaron desde la defensa que “resulta tristemente llamativo que después de haberse seguido e investigado por casi 5 años a una persona se sostenga que recibía y distribuía droga con complicidad policial, pero que a la fecha y a pesar de contar con todo el poder del aparato investigativo estatal durante un período tan extenso, no se haya logrado determinar: 1) de qué estupefaciente en concreto se trataba; 2) que cantidades aproximadas serían; 3) de quien o quienes las recibiría; 4) a quien o quienes las entregaría; 5) Quienes serían los cómplices dentro de la fuerza policial”. Advirtieron desde la defensa que en la mayoría de las comunicaciones aludidas, “Airaldi imparte órdenes a sus empleados con fines totalmente lícitos, por ello se habla de SENASA, de transferencias, alimentos para animales, de problemas con el ganado que invade propiedades ajenas, de cheques que cubrir, compras y ventas de hacienda, problemas mecánicos de vehículos o herramientas de trabajo, entre otros”. (La Voz)
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