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» La arena
Fecha: 20/04/2024 05:19
El Gobierno provincial aplicó una serie de multas a distintas empresas por una suma que supera los 27 millones de pesos. Las mismas oscilan entre los 80 mil y el millón de pesos, y en todos los casos fue por incumplimiento a la Ley de Defensa al Consumidor. Mientras a nivel nacional se impulsa una política de desregulación y corrimiento del Estado en la relación entre empresas y clientes, en La Pampa se avanza en la protección de los consumidores ante prácticas que incumplen la ley. Así se dio a conocer en la última edición del Boletín Oficial a través de Disposiciones de la Dirección General de Defensa al Consumidor. Se trata de 60 sanciones a firmas de la provincia y de otros puntos del país que se dedican a distintos rubros. Entre ellas figuran concesionarias y planes de ahorro, empresas de viajes y turismo, financieras, comercios, firmas vinculadas a telecomunicaciones, casas de electrodomésticos, construcción de viviendas entre otras. Las multas aplicadas fueron por distintas infracciones tales como la falta al deber de información, incumplimiento de oferta o publicidad, omisión de garantías legales, consumos no realizados, incumplimientos en viajes, irregularidades en la venta de productos por internet, entre otras. Las más onerosas van desde los 475 mil pesos hasta el millón de pesos. Política de Estado. El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, destacó la actuación de la Dirección y resaltó que "la defensa del consumidor es una política de Estado impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto para darle acompañamiento a las y los vecinos. Proteger sus derechos frente a abusos o malas prácticas del mercado". "Estas 60 sanciones fueron respuestas concretas a pampeanos y pampeanas que necesitaron la presencia del Estado y es también gestión, trabajo y preocupación de ese Estado para darle una herramienta a la gente para protegerse sobre todo en momentos en que las políticas nacionales dejan desguarnecidos a usuarios y consumidores”, opinó. Desde la cartera remarcaron que "todo proveedor de bienes o servicios se encuentra sometido a la Ley de Defensa del Consumidor, sin distinción de su envergadura, rubro de comercialización o ubicación del punto de venta. La oficina de Defensa del Consumidor tiene por objetivo principal establecer un ámbito de mediación entre el consumidor y el proveedor de manera de resolver el inconveniente que pudiera estar pasando en el menor tiempo posible". "Aquellas empresas que no accedan voluntariamente a este proceso o que en su transcurso se demuestre que no es posible que puedan reparar el daño producido, corresponde que de oficio se continúen las actuaciones para verificar alguna posible imputación de infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Si de esa imputación se confirma la violación de la ley corresponde que sean sancionados. La sanción tiene un fin disuasorio para que sus acciones no se reiteren ante otros consumidores", completaron. Apercibimientos. Entre las disposiciones se encuentran una serie de apercibimientos. Uno de ellos es a una firma local por "infracción a la disposición del artículo 19° (Prestación de Servicio)", mientras que en el segundo caso es por infracción a los artículos "4º (Deber de información), 10º (Contenido del documento de venta) y 53º (Normas del Proceso)". Por otro lado figura una empresa radicada en General Pico. En su caso, se lo acusa por incumplir los artículos "4º (Deber de Información), 53º (Normas del Proceso), 15º (Constancia de Reparación), 17º (Reparación no Satisfactoria), 23º (Deficiencias en la prestación de un servicio) 8º BIS (Trato Digno)". Finalmente se encuentra un emprendimiento santarroseño por infringir los artículos "4º (Deber de Información), 53º (Normas del Proceso), 15º (Constancia de Reparación), 17º (Reparación no Satisfactoria), 23º (Deficiencias en la prestación del servicio) y 20º (Materiales a utilizar en su reparación)".
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