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» El Ciudadano
Fecha: 19/04/2024 17:16
María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, apuntó a la empresa Altea y a uno de sus presuntos dueños, el arquitecto Luis Alberto Luciani. Se acumulan, desde hace años, quejas de propietarios que no pueden escriturar porque el final de obra está pendiente ante "pedidos de excepción" normativa En la comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo se aprobó una minuta de comunicación por la que se encomienda al Ejecutivo que brinde información sobre emprendimientos constructivos en los que tiene o tuvo participación la firma Altea SRL y el arquitecto Luis Alberto Luciani. El pedido refiere a ampliaciones sin final de obra y transgresiones al Reglamento de Edificación y Código Urbano que estén en trámite o aprobados. También, sobre actas labradas, juzgadas o pendientes de juzgamiento y toda otra información relevante sobre el particular. Se trata de una práctica habitual en los negocios inmobiliarios: poner a consideración un proyecto edilicio y luego infringir transgresiones en altura o superficie para, con el “hecho consumado” de la construcción y la venta dedepartamentos, solicitar excepciones a la normativa. La concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, recordó que “no es un tema nuevo que no se haya discutido”, pero aludió a “la situación muy particular” a partir de la audiencia en la comisión a uno de los adquirentes de un departamento en Balcarce 16. No fue el único caso, dijo: hay otros similares vinculados al arquitecto Luciani en Urquiza 3810 y 3231, en el mismo edificio de calle Balcarce y uno anterior, en 2018, en Gálvez 1778. El caso de la torre sobre Balcarce 16 es de larga data: hace 11 años que está ocupado, pero los propietarios no pueden, aún hoy, escriturarlo por el pedido de excepción sin resolver. Es que los desarrolladores construyeron un piso más de lo permitido. la construcción fue a través de un fideicomiso, Flora SRL, que según los daminificados “no tiene solvencia para responder”. Es que el Concejo fue receptor, a lo largo de los años, de las quejas de particulares damnificados porque no se da el final de obra a las construcciones, por lo que entre otras cosas hay problemas para activar los servicios. Gigliani propuso agregar una consulta al Colegio de Arquitectos respecto si se iniciaron actuaciones desde el Tribunal de Ética sobre el profesional, iniciativa que fue acompañada por los restantes miembros de la Comisión. El concejal Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, reclamó sobre el mismo tema que quienes compraron departamentos inicien acciones judiciales contra los responsables del desarrollo inmobiliario. Y preguntó “cómo es posible que (Luciani) siga construyendo”. En 2021, por ejemplo, un grupo de propietarios de un edificio de alta gama que levanta sus 30 pisos con vista al río sobre Avenida de la Libertad al 300 reclamaron en el Concejo por un final de obra que llevaba años sin resolverse. Más allá de las razones o las dilaciones burocráticas, refirieron que al principio insistieron con el trámite junto con la constructora, la propia Aldea, pero el responsable, justamente Luciani, luego desapareció. El arquitecto, dijeron, es fiduciario del fideicomiso y socio de la empresa Altea.
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