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Parana » Plazaweb
Fecha: 19/04/2024 14:41
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Rodríguez Signes planteó que la situación judicial de Securitas “es una auto-denuncia que este tipo de empresas suele realizar –pasó con IBM, con Siemmens- y que generan estas investigaciones que está bien que se produzcan y son, en gran medida, por razones de mercado. En lo que hace a la provincia de Entre Ríos, como cualquier otro delito contra la administración pública que se investiga y que involucra directa o indirectamente a la provincia, se analiza cómo va la investigación y en función de la situación porque tiene repercusiones en los contratos que celebra la administración, en el ámbito de la Fiscalía de Estado se sigue la causa penal y se decide si hay que adoptar acciones a nivel administrativo o a nivel civil. Por ejemplo, la causa contratos disparó que la Fiscalía se presente como actor civil y acá es más o menos lo mismo”. TAMBIÉN PODÉS LEER: Goyeneche destacó una Ley de 2017 que permitió investigar a los empresarios entrerrianos Tórtul “Veremos cuál es la investigación, hasta dónde llega y cuáles son los efectos que tiene sobre los contratos celebrados por la administración provincial, sea centralizada o descentralizada”, resumió. En relación con la situación de Enersa, agregó que “a nivel de la comisión fiscalizadora haremos una revisión y en función de la posición y la investigación judicial adoptaremos medidas”. Asimismo, adelantó que “seguramente se van a plantear cuestiones de competencia porque la jueza que intervino lo hizo para los delitos de rango federal, como lavado de dinero, pero para los delitos provinciales, tendrá que haber una investigación local a través del Ministerio Público Fiscal porque la competencia es local”. Reclamos ante la Corte En otro orden de temas, el fiscal de Estado brindó aclaraciones respecto de los reclamos judiciales de la provincia ante la Corte por fondos adeudados por la Nación, y afirmó que a lo largo de la historia “no hubo ningún reclamo por cobro de pesos”. “Se hizo una medida cautelar contra un decreto que dictó el ex Presidente Mauricio Macri en 2019 que modificó impuesto a las Ganancias e IVA por DNU que alteró el régimen de coparticipación. Ahí se intervino inmediatamente y logramos el despacho de una medida cautelar de la Corte. Pero por cobro de pesos, planteamos la cuestión del fondo sojero y en 2016-2017 se plantearon algunas cuestiones que después se resolvieron en el pacto fiscal de 2017, pero contra ANSES y contra la Secretaría de Energía por las deudas que tienen el Estado nacional con la provincia de Entre Ríos, es una decisión de este gobernador que no se había dado nunca antes”, apuntó. En cuanto a los montos reclamados, puntualizó que el reclamo “de ANSES son 154.000 millones, cifra que es una suma actualizada con intereses. Y es mínima la cifra comparada con las trasferencias que hubo desde la provincia a la Nación, porque todo esto arranca en el año 93 con un pacto fiscal donde las provincias argentinas le ceden al Estado nacional el 15% de la coparticipación para sostener el ANSES y la Nación argentina se compromete a recibir las Cajas de Jubilaciones provinciales o a financiar los déficit, y esta última obligación con Entre Ríos jamás se cumplió correctamente”. Agregó que “es mucho dinero, que equivale a una masa salarial y media de la provincia, si lo tuviéramos dentro del Tesoro provincial estaríamos en otra situación económica y financiera”. Especificó asimismo que “en el caso de Salto Grande son 3.000 millones que provienen de la deuda por excedentes de la represa Salto Grande y es muy importante porque son fondos que van a nutrir los contratos de obra que hace la Cafesg en los municipios y la zona involucrada por la represa, que hoy están neutralizadas y tienen una enorme importancia desde el punto de vista de la dinámica de la obra pública en la provincia”. Consultado por la determinación de no reclamar otros fondos recortados por Nación como el FONID o el fondo compensador del transporte, Rodríguez Signes explicó que “la instrucción del gobernador es que todo lo que sea créditos de la provincia respecto del Estado nacional se analice y si hay que reclamar, se reclame y en esa tarea estamos. Hay casos que son de una claridad absoluta en cuanto a la existencia de la deuda; por ejemplo en el caso de ANSES hay un incumplimiento de los pactos fiscales, no hay discusión, hay una mora evidente de la administración en satisfacer las obligaciones respecto de la provincia. Lo mismo respecto de los excedentes de Salto Grande, donde nos deben desde junio de 2023. Pero en cuanto al Fonid la cuestión es más discutible porque la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente venció el 31 de diciembre de 2023, y ahí nuestros argumentos legales están más vinculados a cuestiones presupuestarias de reconducción del presupuesto 2023 para el 2024, etc”. En relación con los tiempos de resolución dijo que “es como cualquier otro proceso regido por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero hay que hacer una distinción; en el caso de ANSES hay dos acciones: una ante la Corte por cobro de pesos y otra es una medida cautelar contra el decreto de necesidad y urgencia Nº280 de este año por el cual ni siquiera nos envía la Nación los adelantos a cuenta, y creo que esa acción tendrá una resolución más rápida”. “Es un reclamo objetivo, fundado en derecho y no es producto de una pelea entre gobierno nacional y provincial, es producto del incumplimiento objetivo del gobierno nacional y que se remonta a muchos gobiernos anteriores”, sentenció. Por último, planteó que “ha pasado que se pueda dar marcha atrás con las acciones judiciales por acuerdos políticos, ya que en 2017 había ya una acumulación de acciones cruzadas entre Nación y provincia que llevaron al pacto fiscal de 2017. Ojalá esto se pudiera resolver con algún otro pacto fiscal sin esperar los tiempos de un proceso judicial”.
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