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Parana » ER 24
Fecha: 19/04/2024 09:00
SOBORNOS, COIMAS, NEGOCIOS NOCTURNOS, NARCOTRÁFICO, SUICIDIO DE SOCIO, OBSTENTACIÓN SERÍA EL CURRICULUM DE LOS HERMANOS CLAUDIO Y MARCELO TORTUL. LA JUEZA ARROYO SALGADO NO CONFIÓ EN LA JUSTICIA ENTRERRIANA NI FEDERAL, YA QUE LOS HERMANOS TÓRTUL TENDRÍAN AMISTAD Y NEGOCIOS CON JUECES LOCALES Y FEDERALES, COMO ASÍ TAMBIÉN POLICÍA, POLÍTICOS, FISCALES Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA. Nadie sabía nada en Entre Rios de lo que ocurriría. Ni la Justicia Provincial y ni la Justicia Federal, ni la delegación Paraná de la Policía Federal y aún mayor el desconocimiento de las oficinas y el destacamento Paraná de Gendarmería Nacional. Las medidas llevadas adelante este martes en Paraná por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal de San Isidro, merecen una explicación. Todo el personal era de Gendarmería Nacional que llegó desde Buenos Aires. Se determinó desde el despacho de Arroyo Salgado que eran «allanamientos y detenciones sorpresa», sin que nadie sepa por temor a que se filtre la información. En pocas palabras era tal el grado de corrupción que la información se filtraría. Los primeros allanamientos comenzaron en conjunto a las 07.00 hs de la mañana cuando despegaba el sol -si se realiza de noche la defensa de los detenidos pueden pedir la nulidad de lo actuado-. La intervención de Gendarmería estaba pautada a partir de las 5. Vecinos del «Barrio Privado Puerto Urquiza» y de 2 (dos) edificios en calle Mitre, vinculados a los empresarios Claudio Tortul y su hermano Marcelo en cuestión, dieron la primera alerta alrededor de las 7.30, lo que generó inquietud y motivó una serie de consultas de distinta índole. Ni en la justicia provincial ni en los tribunales federales tenían noticias de lo que estaba ocurriendo. Incluso luego de varias horas la información seguía siendo nula. A nadie se le avisó de lo que ocurriría a pesar que la mayoría de estos actos se les avisa al Juez Federal local, pero la orden firmada por Arroyo Salgado lo preveía de esa forma, ya que no confiaba en la justicia local tanto federal como provincial. Empezó a llamar la atención cuando se produjeron los allanamientos en Enersa para secuestrar información relacionada con los contratos que la empresa de energía tiene con empresas vinculadas a los hermanos Tortul y recién ahí la noticia empezó a salir en algunos medios. El resultado de los allanamientos fue positivo explicaban desde el despacho de Arroyo Salgado en San Isidro. Se logró el secuestro de la documentación de contratos y decretos firmados a favor y en beneficio directo a la «Empresa Securitas» desde los gobiernos de Jorge Busti, de Sergio Urribarri y de Gustavo Bordet. Como así también se logró la detención y traslado a Buenos Aires del Clan Tortul y de Crhistian Faría socio éste de los Tortul en una nueva empresa de nombre PROTECTA también dedicada a la seguridad. Todos eran «ex directores de securitas». La denuncia comienza en el año 2020 por los nuevos propietarios de Securitas». En 2023 la filial argentina de Securitas Seguridad Holding pasó a otro grupo empresario de capitales latinoamericanos. Para ese momento, en el marco de un denominado “programa de integridad”, la compañía ya había avanzado en la denuncia contra quienes ocupaban cargos gerenciales en tiempos de la administración anterior. Entre ellos, Claudio y Marcelo Tortul además de Cristian Faría. La acusación es que al menos entre 2016 y 2018 habrían efectuado grandes pagos de coimas para mantener contratos con ENERSA, la empresa distribuidora de energía de la provincia de Entre Ríos, por eso fueron citados para hoy Viernes 19 de Abril 5 (cinco) directores de Enersa a prestar declaración frente a la Jueza Federal Arroyo Salgado, con la orden que si no se presentan inmediatamente estaría el pedido de captura y los detenidos deberían ser trasladados por las Fuerzas Federales a la alcaldía federal de San Isidro. Los Tortul comenzaron con su padre con la empresa El Guardian en el año 1995 con el apoyo de ese entonces Jorge Busti contratandolos para Enersa hasta el año 2008 que le venden El Guardian a la empresa multinacional de origen sueco «Securitas Seguridad Holding» por una suma cercana a los u$s150.000.000 millones de dólares que en ese momento en moneda argentina eran unos $200.000.000 millones de pesos. Pero la venden con una particularidad, los hermanos siguieron vinculados a Securitas durante una década, ocupando cargos gerenciales en la multinacional sueca. Al mismo tiempo, diversificaron su plataforma de negocios. Claudio Tortul se expandió hacia el rubro de la construcción, al mercado inmobiliario y a negocios de la noche como boliches bailables, bares y restó acompañados por un tal «Jorge Ruso Meyer» que luego se suicidaría con una moto chocando en la parte de atrás a un camión a unos 200km por hora en un peaje de la autopista Santa Fe Rosario a la finalización de una de las noches de boliche. A los hermanos Tortul junto a Meyer se los vincularía como financistas en el negocio del narcotráfico. Paralelamente, conformó Tornell SA, la empresa a través de la cual volvió al negocio de la seguridad privada por cuenta propia, junto con Daniel Eduardo Carbonell. La jueza Arroyo Salgado cree que esta empresa y otra denominada Segar Seguridad SA eran fantasmas que utilizaban para el pago de coimas a cambio de hacerse con contratos de servicios de vigilancia. La firma cuyo nombre es una conjunción de los dos apellidos fue creada el 31 de octubre de 2016. Al poco tiempo, ya en el gobierno de Gustavo Bordet, resultó adjudicada para realizar tareas de vigilancia y seguridad de Enersa. Fue la única vez que hubo competencia en la licitación y Tornell fue beneficiada frente a la empresa paranense Sentry Seguridad Privada, a pesar de las impugnaciones de su rival. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual –si bien facturaba– no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”, consignó la jueza Arroyo Salgado al justificar los allanamientos. Los pagos ilegales se habrían realizado, en su mayoría, para renovar, mantener o acceder a contratos con organismos públicos; pero también para agilizar trámites que resultan clave para el desarrollo de la actividad, como la obtención de certificados para que los agentes puedan portar armas. Por ese motivo es que la jueza Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de la Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos, lo que ha encendido alarmas en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.
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