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» Infobae
Fecha: 19/04/2024 04:52
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El radicalismo impulsó un proyecto alternativo de reforma laboral que se discutirá en el Congreso. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni En el marco del debate de la llamada Ley Bases, los diputados nacionales de la UCR presentamos una propuesta para llevar adelante una reforma laboral moderna, amplia y que pueda transformar mercado, que hoy se caracteriza por la alta informalidad, la precarización y la pérdida del poder adquisitivo. Hoy tenemos una informalidad creciente, dos de cada tres empleos generados corresponde a personas que trabajan en negro o con el sistema de Monotributo. ¿Quiénes son los más afectados?, los jóvenes. La Argentina tiene el empleo formal estancado, ya que en los últimos 12 años sólo 1 de cada 14 empleos creados fue empleo privado en blanco. Estos datos dan como resultado que la relación entre empleo formal y empleo informal sea de 1 a 1, es decir, cada 1 trabajador formal hay un trabajador informal. Si seguimos a este ritmo, los trabajadores informales van a superar a los formales ya que la tasa de crecimiento de la informalidad supera a la generación de trabajo formal. Venimos de dos décadas donde se pregonaban los “derechos” pero fueron los trabajadores los que perdían frente a la sociedad de sus sindicatos y un gobierno al que nunca se le reclamó nada, nunca se le hizo una medida de fuerza, en un silencio cómplice a pesar del desastre de sus políticas económicas. En el sector privado formal, la caída del salario real comienza en el 2013 y para el promedio del 2023 fueron los más bajos de los últimos 14 años. Frente a este cuadro de situación nos llevó a plantear la necesidad de actualizar el marco normativo, modernizarlo, para mejorar las condiciones del mercado laboral, dar previsibilidad a los empleadores y a los trabajadores, disminuir la precarización e impulsar uno de los principales factores productivos que tiene un país: el trabajo. La actual Ley de Contrato de Trabajo data de 1974, la Ley de Asociaciones Sindicales no ha tenido modificaciones sustanciales desde su creación hace 35 años, y muchos Convenios Colectivos fueron redactados en los 70´s. Desde esa época hasta el día de hoy, pasaron cosas, y principalmente pasó la tecnología y la integración. Si no nos adaptamos seremos un país cada vez más pobre. Debemos modernizar la legislación para las condiciones cambiantes de la realidad. Por eso desde el radicalismo impulsamos esta modernización normativa para lograr las mejores normas para impulsar el mercado laboral. ¿Qué proponemos? Nuestra iniciativa incluye la reducción de la carga fiscal del empleo, ya que todas las modificaciones en este sentido fueron derogadas por el último gobierno kirchnerista. Por ello buscamos solucionar esta desactualización de la detracción anclándola mediante el Salario Mínimo Vital y Móvil. Queremos eliminar y prohibir las contribuciones y aportes compulsivos de los convenios colectivos de trabajo, recuperar la naturaleza del rol de las asociaciones sindicales y garantizar la libertad sindical. La inclusión de aportes y contribuciones en convenios colectivos de trabajo es incompatible con su naturaleza jurídica, convirtiéndose en instrumentos para la recaudación de fondos por parte de los sindicatos y perjudica patrimonialmente al trabajador. El trabajador tiene derecho a afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, tal como reza el artículo 4 inc. b) de la Ley 23.551. Sin embargo, se vienen produciendo una serie de incongruencias que violentan la supremacía constitucional y que pretendemos corregir después del debate del proyecto. Tenemos la convicción que la educación es el mayor acto de inclusión social y laboral, y que a mejor educación hay mayores posibilidades de desarrollo profesional. Es por eso que proponemos que se establezca un servicio estratégico esencial. Tener acceso a una mayor calidad educativa reduce la desigualdad y la pobreza. Buscamos también la reducción de la litigiosidad, con la derogación del viejo y obsoleto régimen de sanciones. La reformulación de un sistema más claro pretende resolver la incertidumbre jurídica que la jurisprudencia fue marcando con los años. Debemos encontrar alternativas a la tradicional indemnización por despido. Por ello impulsamos un mecanismo sustitutivo, que consiste en la creación de un fondo de cese laboral. Este sistema dota al trabajador y al empleador de mayor previsibilidad, ya que por un lado el trabajador conoce de antemano el monto que percibiría y, al tiempo, se reduce la litigiosidad. Por último, una de las varias propuestas de nuestro proyecto es la ampliación de periodo de prueba, llevándolo a de tres a seis meses. Desde el radicalismo entendemos que sostener el esquema actual es condenar a millones de personas a la informalidad y a la pobreza, en cambio, avanzar en una modernización generará un punto de inflexión para revertir esta situación. No esperamos que quienes dicen defender a los trabajadores estén a la altura de acompañar esta propuesta, porque dará verdaderas conquistas al trabajador y ningún beneficio a sus millonarios representantes.
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