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Concordia » Diario Rio Uruguay
Fecha: 18/04/2024 11:23
Agrandar imagen Julio Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de Entre Ríos En diálogo con Diario Río Uruguay, el Dr. Julio Rodrígez Signes, Fiscal de Estado repasó algunos antecedentes de este tipo de planteos, en donde un gobierno entrerriano haya demandado al estado nacional y trajo a colación “lo del año 2019, cuando el presidente Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia para modificar la alícuota al impuesto a las ganancias y al IVA, perjudicando la coparticipación”, que se desarrolló a través de “una medida cautelar”. Por otro lado, comentó que “en los años 2008-2009, las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe salieron de los pactos fiscales y reclamaron que no se les descontara más el 15%”. Además, recientemente “Córdoba y La Pampa han demandado” al gobierno nacional. No obstante, Rodríguez Signes reconoció que “una demanda contra el estado nacional por ANSESy por Salto Grande de esta magnitud, por una deuda que objetivamente tiene la Nación, no hay otro caso”, teniendo en cuenta que “el gobernador ha sido decidido a que, agotada la vía administrativa que él mismo inició, se judicializara el reclamo”. Dos reclamos y dos caminos En cuanto a las cuestiones que se plantean ante la justicia, el fiscal precisó que “son dos demandas distintas”, dado que “Salto Grande es por excedentes que nos deben desde junio de 2023 y todo el 2024”, motivo por el que “todas las obras que la CAFEG contrata están suspendidas porque carecen de recursos”. En el caso de los fondos provisionales, apuntó que se trata de “150 mil millones de pesos, una cantidad enorme, aunque no representa el perjuicio que sufrió la provincia en los pactos fiscales por los cuales cedíamos la coparticipación". Una serie de acuerdos que también contemplaban que "el Estado Nacional tenía que cumplir con la obligación de cubrir el déficit provisional y nunca lo hizo”. Sobre este punto, detalló que, por aquellos acuerdos fiscales, “la provincia aportó el 15% de coparticipación y, a día de hoy, son billones de pesos". Pero como contraparte, "resulta que el déficit provisional nunca se cubrió”, por lo que representa “una injusticia”. A modo de ejemplo, indicó que “una masa salarial de la provincia, es decir un mes de sueldos, representa prácticamente 100 mil millones de pesos”. El proceso En comparación con casos anteriores que llegaron a la justicia reclamando al Estado Nacional, como un reciente planteo de CABA,, Rodríguez Signes reconoció que “mucho depende de la complejidad del caso y de la prueba”, sobre lo que manifestó que “nuestro reclamo es muy objetivo y no hay prácticamente margen de duda respecto al derecho aplicable”. Según sus palabras, esto se debe a que “hay una violación de los pactos fiscales y de los compromisos de Anses, por lo tanto, el margen de discusión es acotado” y aclaró que “la liquidación, la suma que reclamamos, está muy estudiada y analizada por los técnicos de la Caja de Jubilaciones”. Históricamente, agregó que “en temas de coparticipación donde está clara la situación, la corte ha dado la razón”, como en el caso de la provincia de Entre Ríos “en 2019, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2021-2022 y a San Luis, Córdoba y Santa Fe, a pesar de que fue muy discutida la razón”, por lo que “tengo muy buenas expectativas”. El planteo de Entre Ríos Consultado sobre la celeridad de resolución que se espera para el reclamo , Rodríguez Signes remarcó que “nosotros planteamos, junto a la demanda, una medida cautelar para que tenga una respuesta rápida”, teniendo en cuenta que “es bastante compleja la cuestión”. De esta manera, repasó que “una cosa son los anticipos que nos tiene que pagar la Nación a cuenta de una liquidación final y otra es la liquidación final”. Sobre esta última, indicó que “va por una demanda ordinaria”, mientras que “los pagos a cuenta, que se suspendieron el 27 de marzo por un DNU, los estamos planteando por medida cautelar”, por lo que “esperamos que sea resuelto rápidamente y lo otro tenga el trámite normal”. Pago del estado Finalmente, el fiscal adelantó que una vez regularizada esta deuda, se espera que “el estado nacional retome el flujo normal, el cumplimiento de los pactos fiscales”, dado que “no estamos hablando de una resolución o de una cuestión política”, sino que se trata del “incumplimiento de pactos fiscales, que conforman lo que se llama derecho intrafederal”, que engloba “todos los acuerdos de los gobernadores con el estado federal, leyes nacionales y leyes provinciales que los ratifican”, motivo por el que “no se puede dejar de cumplir unilateralmente una parte”.
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