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Parana » DavidRicardo
Fecha: 17/04/2024 20:28
La investigación, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, entre los que se encuentra el empresario paranaense Claudio Tórtul, y 50 allanamientos, comenzó con una denuncia presentada por representantes de la compañía Securitas. Admitieron pago de coimas a funcionarios para continuar con los contratos La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados, incluso que pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones. Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, por ese motivo, según consta en el acta a la que accedió este Portal, el pedido de allanamiento se dirige en principio a la Sección Agencias deVigilancia Privada de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, para que se proceda a secuestrar documental vinculada a la habilitación de TORNELL S.A., propiedad deClaudio Tortul y Daniel Carbonell. La sospecha es la inscipción IRREGULAR de la empresa de seguridad, que en la provincia fue habilitada en menos de dos días por el gobierno del exgobernador Bordet, cuando los trámtes demoran uno o dos años. El avance de la causa puso en alerta a funcionarios y ex funcioanrios provinciales. Tanto es asi, que el director Obrero de ENERSA, Juan Carlos Pimentel, junto a Alejandro Cis y el abogado Marcelo Daniel Morales deberán comparecer ante el Tribunal de la doctora Arroyo Salgado este viernes 19 de abril, acompañados por sus abogados de confianza, a efectos de recibirles declaración indagatoria, a consecuencia de la posibilidad de quedar detenidos si no acatan la medida. La investigación comenzó el 2020, tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentinas en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”. “La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, y en la provincia de Entre Ríos, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales. En 2019, se crea TORNELL S.A., después de desprenderse de SECURITAS, que tuvo inmediatamente la habilitación para operar en la provincia de Entre Ríos, en un trámite express tal como informamos precedentemente, así seguir brindando el servicio de seguridad que venian realizando con SECURITAS. Entre organismos públicos y empresas en las que la Gendarmería Nacional, por orden de la Justicia, hizo registros figuran: Ministerio del Interior (Renaper), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa), Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000), Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA), Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria; Prefectura Naval; Agencia Nacional de Materiales Controlados) Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército) Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas) Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos) Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa) Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur – Pdvsa) Aeropuertos Argentinas 2000 Con el fiscal Fernando Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.
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