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Parana » Pagina Politica
Fecha: 29/03/2024 12:24
La diputada nacional Blanca Osuna presentó un proyecto de ley en materia de políticas educativas. Es una “Ley de Compromiso con el Derecho a la Educación” que plantea el derecho a la educación desde las cláusulas más elementales, abarcando el financiamiento, las políticas de inclusión educativa, la formación docente, la infraestructura escolar, el salario de los trabajadores que la sostienen, etc. A poco más de cien días del inicio de la gestión de Javier Milei, que ha impulsa políticas de ajuste y de retiro del Estado de sus roles indelegables, la iniciativa de la legisladora de Paraná parece ser más una interpelación al Congreso de la Nación para que fije posición y resista con una ley el ajuste en materia educativa que ha puesto en marcha el Ejecutivo. Hasta aquí, y ante el tratamiento del DNU de Milei, la relación de fuerzas en el Congreso no ha sido favorable para la ultraderecha que controla la Casa Gris. En esta iniciativa, Osuna dio el primer paso reuniendo el acompañamiento de legisladores del peronismo (Unión por la Patria) para este proyecto que constituye, en gran medida, la previsión por ley de políticas que se han interrumpido; y la ratificación de normas ya prescriptas en base a una nueva normativa global. En efecto, el artículo 1º así lo contempla: “La presente Ley tiene por objeto establecer lineamientos para la disponibilidad y ejecución de los recursos necesarios en función del cumplimiento de la responsabilidad principal e indelegable del Gobierno Nacional respecto al Derecho a la Educación, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional N° 26.206, Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, Ley de Ciclo Lectivo Anual N° 25.864, Ley Educación Superior N° 24.521 y Ley de Educación Sexual Integral N° 26.150. Todo ello en el marco de la situación económica crítica que está afectando el normal funcionamiento del Sistema Educativo Nacional con graves consecuencias de fragmentación, desigualdad e injusticia educativa”. Y el artículo 2 asume que es necesario volver a decir que “la Educación es un derecho humano de carácter personal y social tal como lo reconocen la Constitución Nacional y las leyes”. Puntos Uno de los títulos del proyecto, regula y reafirma las previsiones de la legislación argentina en materia de “formación docente inicial y continua; carrera docente; y condiciones salariales”, incluyendo el Fondo de Incentivo Salarial Docente cuyo recorte impactó seriamente en el bolsillo de los trabajadores de la educación y complicó la negociación salarial en todas las provincias. Otro punto habla del cumplimiento de la dinámica escolar previendo los 190 días de clase, la Jornada Extendida, el plan de becas, el boleto gratuito, el fortalecimiento de los comedores escolares. En materia de infraestructura escolar prevé un monitoreo permanente, un trabajo en coordinación entre Nación y provincias y dispone que “el Ministerio de Capital Humano, o el organismo que lo reemplace, financia la construcción de nuevos edificios educativos y la refacción de los que la necesiten en las distintas jurisdicciones, en base al cruce de información que brinde el Monitoreo Anual y Cuatrimestral y las necesidades de atención de estudiantes respecto al cumplimiento de la obligatoriedad”. También se regula el equipamiento de las escuelas de todo el país, a través de la cartera de Sandra Pettovello. Un apartado para las universidades. Se reafirma la gratuidad y el ingreso irrestricto al sistema educativo de nivel superior, en todo el país; la asignación de financiamiento en formación, investigación y extensión; la actualización de la partida presupuestaria para las universidades cada dos meses y “según el índice de inflación acumulado”. Fondos y controles El artículo 39 del proyecto crea un “Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación, el cual tiene característica de fondo incremental y se adiciona a lo dispuesto en ley de Presupuesto en la jurisdicción correspondiente a educación en la ley de presupuesto”. Se contempla que ese fondo sea administrado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y a instancias de un Consejo de Administración “integrado por: dos (2) gobernadores elegidos en reunión/asamblea de Consejo Federal Inversiones, un (1) representante del Ministerio de Capital Humano, o el organismo que lo reemplace, un (1) representante del Ministerio de Economía y uno (1) por la Jefatura de Gabinete”. Se prevén sanciones por incumplimiento de la ley. “Será considerado causal de mal desempeño según lo establecido por el artículo 249 del Código Penal y por el artículo 2 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”. Se crea una Comisión Bicameral “con el objeto de realizar el seguimiento de la implementación” de la ley e impone como autoridad de aplicación al Ministerio de Pettovello en coordinación con las provincias. Firman el proyecto de Osuna los diputados Daniel Arroyo, Andrea Freites, Roxana Monzón, Nancy Sand, Eduardo F. Valdés, Lorena Pokoik, Ariel Rauschenberger, Hugo Yasky, Pablo Raúl Yedlin, María Luisa Chomiak, Julio Pereyra, Jorge Antonio Romero, Martín Aveiro, Diego A. Giuliano. Fuente: Página Política
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