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Fecha: 28/03/2024 13:48
Hoy, el vocero Manuel Adorni había puesto un número a esta primera tanda de hasta 15 mil contratos temporarios sobre los poco más de 70 mil puestos transitorios y bajo contrato que rigen en la administración pública nacional. El propio Milei había asegurado que el recorte llegaría a ese total, lo que implicaría un tercio de toda la plantilla nacional. Luego desde Casa Rosada afirmaron que el porcentaje inicial rondaría el 20% en la primera etapa y se continuaría revisando aquellos que renovaran por tres meses más. En la última hora, los gremios de estatales ya acusan más de 1.500 bajas en el ministerio de Capital Humano, 520 de ellas solo en el área de Trabajo, por lejos la cartera donde más profundo parece haber llegado el ajuste. Otras 517 bajas se registran en Economía. También en el CENARD están acusando aviso de cese de contratos estatales y en lo que refiere al ENACOM, trascendió una resolución que ordena el cierre de las 24 delegaciones del país, lo que deja a sus trabajadores y trabajadoras sin funciones. "Fingimos demencia, por momentos, para seguir trabajando cuando no sabemos si mañana vamos a tener trabajo. Y no hay un criterio que te permita estar tranquilo o confiado. Hablamos entre nosotros sabiendo que no hay forma que esto no nos afecte: porque te quedas sin trabajo vos o se queda la otra persona con la que trabajas desde hace años", comentó ayer a El Cronista un trabajador de una de las áreas donde los telegramas empezaron a golpear. En el área de la SENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la que se reconvirtió el viejo Ministerio de Desarrollo Social, el alerta sobre las primeras notificaciones hoy por la tarde dispararon el nerviosismo contenido durante las últimas jornadas. Las y los directores de área intervinieron en los grupos de Whatsapp ante la lluvia de consultas por novedades para intentar llevar tranquilidad. Con un lacónico párrafo, el mensaje reza que "por medio de la presente se le notifica que el contrato oportunamente celebrado con este Organismo, en el marco de los dispuesto por el Art, 9 del Anexo de la Ley N° 25.164, cuyo vencimiento opera el 31 de marzo del corriente año, no será renovado". Y cierra con el conocido sello legal: "Queda Ud. debidamente notificado". Lo cierto es que, en algunos casos de contratos precedentes, ni siquiera ellos están seguros de continuar a partir del miércoles. Incluso se esperaba que la novedad iba a llegar el propio miércoles 3 de abril porque no había novedades hasta el cierre del horario laboral. También ellos aseguran que los mails al GDE los tomó por sorpresa. Otros directores que arribaron con la actual gestión ya presentaron su renuncia en las semanas últimas tras negarse a armar listas de despido en sus áreas. Más temprano, en el Ministerio de Defensa de la Nación también empezaron a cursar las órdenes de despido en los organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Servicio de Hidrografía Naval (SDH) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Sus trabajadores habían levantado el perfil en las últimas semanas para denunciar la elaboración de un cupo del 15% de la planta para ser cesanteados. Acorde a fuentes de Defensa, al menos 22 personas quedaron desafectadas hoy en el IGN, en una dotación que apenas supera el centenar. Mientras que en el SMN fueron 48, incluyendo un trabajador con más de 20 años en el Estado. A pocos sorprendió que fueran más técnicos que administrativos, siendo que estos trabajadores se habían puesto mayormente al frente de la denuncia pública. En ambos casos, tanto en el Servicio Meteorológico como en el IGN, se trata de profesionales con estudios muy específicos que difícilmente puedan ser suplantados. De hecho, en años anteriores ya habían tenido dificultad a la hora de cubrir vacantes por los requerimientos técnicos necesarios. Hasta señalaban que se trabaja por debajo de la dotación adecuada para la funcionalidad de estos organismos. En el cuerpo central del Ministerio de Defensa propiamente dicho, ya son 20 los contratos desafectados. En ATE y UPCN dan cuenta de avisos de cese de contratos en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), AYSA y Jefatura de Gabinete, sin un número aún preciso. Igualmente hablan de diez trabajadores en la Dirección de DDHH que trabaja con el Poder Judicial en causas de lesa humanidad. Asimismo se suman 100 en el Indec y otro centenar en el Energas. El mismo número se atribuye a las autoridades de Seguridad. En Cancillería los números ascienden a 350, acorde a fuentes sindicales y otras dos dependencias que habían acusado los mayores recortes son Cultura, con 500 bajas y el Ministerio de Justicia, con 640. Dentro de Interior, ya se contabilizan igualmente 50 bajas en la secretaría de Turismo y 170 en Parques Nacionales. "No hay un área, en todo el Estado, que no se vea afectada", deslizó un funcionario a El Cronista. Por la tarde, desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que encabeza Graciela Aleñá, habían acusado al Gobierno de desfinanciar el área y dar de baja más de 150 contratos de estatales. "Desde que asumió Milei, todavía no llegó la plata del presupuesto que nos corresponde para este año. La realidad es que el Ministerio de Economía se sentó sobre la caja de Vialidad", sostuvo Aleñá. Desde el viernes pasado, 1200 trabajadoras y trabajadores de ANSES de todo el país fueron despedidos tras recibir un telegrama en sus domicilios. Acorde a los gremios, ya superan los 1300 casos desde el 10 de diciembre. Como consecuencia, ya se cerraron más de 64 oficinas en todo el país, dejando algunas localidades desconectadas físicamente del sistema previsional y obligando a las y los jubilados que deseen hacer un trámite presencial a recorrer, al menos, decenas de kilómetros hasta otra localidad. "Es cruel e inhumano, no sólo porque esos trabajadores fueron los que pusieron el cuerpo en plena pandemia, sin estar vacunados, para que la gente pudiera tener su IFE, los comerciantes el ATP, los jubilados su haber y las mamás de la AUH un ingreso para la casa, sino porque deja a miles y miles de familias a la deriva", afirmó el secretario general de Secasfpi, Carlos Ortega. En la provincia de Tucumán cerraron tres oficinas: Tucumán II, Famaillá y Bella Vista. También en Apolinario Saravia (Salta); en las localidades de Saujil e Icaño (Catamarca); Esquina (Corrientes); Taco Pozo, General Pinedo, Sauzalito, Barranqueras, Machagai y Fuerte Esperanza (Chaco); Comandante Andresito y Jardín América (Misiones), San Javier, Villa Ocampo, San Cristóbal, Puerto General San Martín (Santa Fe); San Salvador, Federal y Feliciano (Entre Ríos) y Villa Unión y La Rioja II (La Rioja). Según el relevamiento de los gremios, también quedaron inoperativas las oficinas de Uspallata, Luján de Cuyo y La Paz (Mendoza); Nueva Galia y Quines (San Luis); Santa Isabel, Catrilo y 25 de Mayo (La Pampa); Junín de los Andes, Aluminé, Neuquén Oeste y Centenario (Neuquén); General Conesa (Río Negro); Puerto Madryn y Sarmiento (Chubut); Piedrabuena y Perito Moreno (Santa Cruz); Río Grande (Tierra del Fuego); Brickman (Córdoba) y Chacarita (CABA). Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, las bajas afectaron las oficinas de Ezpeleta en Quilmes, de Fiorito en Lomas de Zamora, de Spegazzini en Ezeiza, de William Morris en Hurlingham, de Ciudad Evita y González Catán en La Matanza, de Dock Sud en Avellaneda, de Monte Chingolo en Lanús, del barrio Libertad en Merlo, de Libertador en Tres de Febrero, del Cuartel V de Moreno, de Derqui en Pilar, de Garín en Escobar, de La Emilia en San Nicolás, de Riestra en 25 de mayo, de Mar del Plata Oeste, Salliqueló, Tres Lomas, San Vicente y Boulogne. Qué dice la resolución del Enacom que cierra las delegaciones A través de una resolución labrada en el marco de la intervención al organismo que regula las telecomunicaciones, las autoridades resolvieron el cierre operativo, desde el 1 de abril, de todas las delegaciones abiertas en todo el país alegando que su actividad ha ido mermando con el correr del tiempo "atento a la simplificación y automatización de los procesos" en "proporción entre las tareas llevadas a cabo y sus estructuras". Como consecuencia, dicta el documento, "resulta necesario proceder al cierre operativo de las delegaciones provinciales" para lo cual establece un período de transición de 60 días para reasignar las tareas de control ejecutadas por esas oficinas. Mientras tanto, se establece una dotación mínima de agentes "que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales". 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