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Colon » El Entre Rios
Fecha: 28/03/2024 10:49
Siguen apareciendo casos de empresas constructoras cuyos dueños confiesan delitos de corrupción y obtienen probation y, aún así, no son excluidos del registro de contratistas del Estado y continúan haciendo obras públicas en Entre Ríos. El programa televisivo “Cuestión de fondo” relevó los principales casos y mostró que, pese a los abundantes antecedentes de corrupción en la obra pública en la Argentina y en la provincia, no hay ninguna exigencia de “ficha limpia” para el sector. Lo que se pide Para ser contratista de obra pública de cualquiera de los tres poderes del Estado en Entre Ríos los requisitos son extremadamente sencillos: se exige la inscripción en AFIP, el libre deuda de ATER, algunos comprobantes y estar inscripto en la Unidad Central de Contrataciones, más la confección de algunos formularios. También hay que acreditar que la empresa no está en quiebra, en concurso preventivo y que no tiene embargos ni inhibiciones. Lo que no se pide Llama la atención que con los antecedentes de corrupción en la obra pública que abundan en la Argentina y en Entre Ríos, nada se exige al respecto. Por ejemplo, no importa que el titular de una empresa haya sido condenado por delitos contra la administración pública. Puede seguir siendo contratado él y su empresa como si nada hubiera pasado. Un ejemplo es la empresa Luis Lossi SA. Uno de sus dueños, Luis Lossi (ya fallecido) apareció mencionado en los cuadernos de Centeno y se presentó en 2018 en Comodoro Py como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli, pero esto no le impidió seguir siendo contratista del Estado entrerriano. El pavimento de Larroque La empresa OIC SA, que es la sigla de Organización Industrial Construcciones Sociedad Anónima, sigue siendo contratista del Estado y está a cargo de obras importantísimas, pese a que uno de sus dueños, Néstor Hereñú, está implicado en la causa por sobreprecios en la que terminó condenado esta semana el ex intendente de Larroque, Raúl Riganti. La condena contra Riganti y tres ex funcionarios se conoció este lunes. Fue mediante un juicio abreviado en el que los cuatro imputados reconocieron los delitos que les adjudicaban y accedieron así a penas de cumplimiento condicional. Para que haya sobreprecios en la obra pública, además de funcionarios, tiene que haber empresas constructoras que sean parte de la maniobra. En este caso fue OIC SA y su dueño, Néstor Hereñú, admitió sobreprecios por más del 100% en 2020 y así obtuvo una probation. En su momento, el entonces diputado provincial de Cambiemos, Nicolás Mattiauda presentó un proyecto para sacar a esta empresa del listado de proveedores que no prosperó. OIC SA sigue inscripta, sigue haciendo obras y es una de las firmas que tienen en jaque al gobierno mediante juicios ejecutivos y embargos para cobrar deudas millonarias de la gestión anterior. Probation para todos La Justicia entrerriana viene siendo generosa con el otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba para los empresarios de la construcción. El listado es el siguiente: OIC SA (Daniel y Néstor Hereñú) 1-probation por sobreprecios en la Cumbre del Mercosur realizada en tiempos de Sergio Urribarri gobernador 2-probation por sobreprecios en obras realizadas en Seguí en la intendencia de Cristian Treppo 3-probation por sobreprecios en obras en Larroque 4-probation por irregularidades en obras en Gualeguaychú A algunas probation las tiene el padre, Daniel Hereñú, y a otras el hijo, Néstor Hereñú. La hija, Laura Hereñú, preside la Cámara de la Construcción y se sienta con el gobernador Rogelio Frigerio en el Salón de los Gobernadores a renegociar la deuda del sector. Caballi SA (Miguel Marizza) 1-probation por sobreprecios en la Cumbre del Mercosur Rubén Grasso (Cemyc SRL) 1-probation por la Cumbre del Mercosur L & C Construcciones (Néstor Szczech) 1-probation por sobreprecios en Seguí 2-probation por sobreprecios en Santa Elena Esta última causa motivó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez que otorgó el beneficio, Walter Carballo, por parte de un exfuncionario de Domingo Daniel Rossi. Exigencias en Tribunales Mientras tanto, hay en curso 128 juicios de obra pública en los Tribunales entrerrianos. Dos tercios se iniciaron entre diciembre y febrero y el número aumenta cada semana. Se espera que la tendencia se detenga con la aplicación de la ley de emergencia aprobada recientemente que, entre otros puntos, frenará los proceso en marcha. El monto reclamado ronda los 5 mil millones de pesos. De ese total, 752 millones corresponden al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), 988 millones a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), 3.118 millones al Gobierno de Entre Ríos y otros 189 millones corresponden en conjunto a Gobierno y Vialidad. Las empresas reclamantes son, entre otras, Luis Lossi SA, Cemyc SRL, Antonio Caballi SA, Szczech S.A y OICSA Construcciones. Es decir, que las mismas firmas cuyos dueños cometieron delitos de corrupción, son las que les exigen al gobierno en Tribunales. Fuente: Cuestión de Fondo - Análisis Digital.
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